Siendo conscientes de la importancia que tiene el sistema penal para la prevención de los delitos, así como instrumento de gestión de los mismos con el objetivo de hacer posible la convivencia social y el normal desarrollo de las personas, queremos manifestar nuestra preocupación por la falta de posibilidad de influencia en las políticas que los elaboran y aplican.

Ideas del Derecho penal que pueden defenderse y explicarse

Debe establecerse en el sistema penal los cambios legales que garanticen eficazmente el derecho de las víctimas a ser informadas, oídas y reparadas en sus necesidades materiales y emocionales. Pero ello no tiene que hacerse a costa de presiones públicas encaminadas a expandir el derecho penal y elevar las penas a los infractores. Pensamos que una mayor sensibilidad de los operadores jurídicos (fiscales, jueces, abogados y oficiales de Justicia) y de las instituciones a las que pertenecen, facilitarían aquellos objetivos. También, sin duda, tal y como viene demostrando la experiencia, la incorporación a la legalidad de la mediación penal.

Debe buscarse una eficacia real de la Administración de Justicia en el abordaje de los delitos mediante el establecimiento de sistemas y mecanismos que minimicen la frustración de las personas que se acercan a solicitar el servicio público de la Administración de justicia; la disminución de la lentitud judicial (más medios personales y materiales y mejores previsiones legales); la adaptación del servicio público de la Administración de Justicia a las necesidades de la ciudadanía y no al revés; y la reducción de los tiempos de la Administración de Justicia, por los perjuicios que causa a la protección de las víctimas, a la tutela judicial efectiva, a las personas imputadas o acusadas y sobre todo a las personas en prisión provisional

Apostamos por la creación de una cultura de Derecho penal mínimo y recuperación de los principios de ultima ratio, intervención mínima y prohibición del exceso (proporcionalidad). Consideramos necesario frenar la tendencia al tratamiento penal de todos los problemas sociales, a la utilización simbólica y demagógica del Derecho penal, al continuo incremento de tipos delictivos o de sus niveles de punición para abordar problemas en los que la intervención no penal sería más eficaz y menos costosa. Para ello también se hace necesario que los medios de comunicación abandonen las prácticas de tratamiento del delito basadas en la búsqueda del incremento de cuotas de audiencia a través del tratamiento morboso y emotivista del delito.

Apostamos por el fin reeducativo y reinsertador de las penas privativas de libertad. Sin desconocer las limitaciones e insuficiencias de todo tipo que presenta la prisión para conseguir la resocialización de las personas condenadas, pienso que tampoco podemos resignarnos a reducirla a mera neutralización, inocuización o separación de la sociedad. Este planteamiento no conduce a otro resultado que no sea posponer de forma potenciada y agravada la recaída en el delito por parte de la persona condenada. Un mínimo de fe en la condición humana que está en el origen del mandato constitucional de orientar la prisión hacia la reeducación y reinserción del condenado (art. 25.2 CE), impide reducir la función de la prisión a la mera retención y custodia de los condenados y exige apostar por su aptitud, por mínima que sea, para transformar a las personas y prepararles para vivir pacíficamente en sociedad.

Apostamos por la creación y potenciación de instrumentos de justicia social, también para la prevención de los delitos. Son muchas las carencias sociales que están en el origen de los delitos sobre las que sería necesario intervenir, en virtud del mandato constitucional del art. 9.2º de promover la igualdad real y efectiva y de remover los obstáculos que la impiden, esto es, que partiendo del reconocimiento de importantes niveles de desigualdad real en el cuerpo social, obliga a los poderes públicos a construir la igualdad real y efectiva.La falta de recursos económicos y la marginación social están detrás de muchos itinerarios de exclusión que acaban en la cárcel.

Apostamos por la humanización de la vida en la cárcel. El sistema penal debe procurar un grado razonable de seguridad y bienestar para la mayoría de la ciudadanía y también debe procurar el malestar mínimo e imprescindible para quienes han infringido el ordenamiento jurídico-penal. La historia confirma que las políticas penales orientadas únicamente hacia la prevención de los delitos han generado más violencia de la que pretendían evitar, porque la seguridad y la libertad no sólo son amenazadas por el delito sino también por las penas excesivas o despóticas. Así, por más execrables que puedan resultar determinados comportamientos, los derechos humanos y la dignidad humana de quienes los cometen constituyen mínimos inalienables que no están sujetos a merecimiento alguno sino que son inherentes a la condición humana. Hay que caminar hacia la eliminación del régimen cerrado penitenciario. Por lo mismo, han de introducirse en la legislación penal mecanismos que eviten la cadena perpetua de facto. Existen hoy día en nuestras cárceles unas 345 personas, sin contar los supuestos de delitos de terrorismo, con condenas superiores a los 30 años, a las que no se pueden aplicar los límites de acumulación de condena actualmente vigentes; personas condenadas a 50, 70, 100 o más años que no podrán alcanzar el régimen abierto, la libertad condicional o la libertad completa en plazos razonable. La legislación debería incorporar mecanismos de revisión de los límites de cumplimiento de estas condenas, en función de la falta de peligrosidad, conforme al principio de humanidad de las penas y la prohibición de penas crueles, en cumplimiento del mandato constitucional que impone orientar las penas hacia la reinserción social.

 

Documentos y descargas

Documentos

 

1. "Desenmascarando mitos que sostienen el sistema penal" (2009).

2. "Algunas claves para la reforma del Código Penal: otro derecho penal es posible". (2009)

3. "Valoración sobre la tramitación del proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal". (2010)

4. "Los indices de criminalidad. Primer semestre de 2012" (2012)

5"La discreta reforma de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social" (2012)

6. "Las innecesarias reformas penales que se anuncian". (2012)

7. "La custodia de seguridad. Una medida bajo sospecha". (2012)

8. "La criminalidad en términos estadísticos, según el ministro del interior". (2012)

9. "Reflexiones jurídicas en torno a la anunciada reforma penal". (2012)

10. "Notas a propósito del Proyecto de Ley de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia" (2012)

11. "Penas indeterminadas. El Derecho penal de Inglaterra y Gales a partir del análisis de la STEDJ" (2012)

12. "La reforma de la cancelación de los antecedentes penales" (2012)

13. "Los delitos de apoderamiento en el anteproyecto de LO de reforma del CP" (2013)

14. "La derogación de las faltas en el anteproyecto de CP" (2013)

15. "Evolución del C.P. de 1995 hasta la reforma de Ruiz Gallardón"  (2013)

16. "Lectura crítica de la memoria del análisis de impacto normativo de la LO de reforma del C.P." (2013)

17. "Propuesta de regulación de las conductas de los "manteros" en el proyecto de reforma del CP" (2013) 

18. "El orden público como instrumento de contención en el ejercicio de las libertades" (2013)

 

 

Libro:

"La prisión perpetua en España. Razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad", de Julian Ríos (2013)

 

Articulo prensa:

El Mundo, 22 de septiembre de 2013, "Cuando el suspenso es para el padre"

 

Legislación:

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (actualizada a enero de 2013)

 

 

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